Gabriel Salvador Martínez Flores estudiaba Criminología en la UASLP, practicaba tiro con arco, vendía comida para ayudar a su madre y cuidaba a su abuela. El viernes 7 de agosto fue asesinado en la colonia Rural Atlas. Su familia no sólo exige que se encuentre a los responsables: cuestiona las condiciones de inseguridad, oscuridad y falta de vigilancia en las que viven numerosas colonias de la capital potosina.
Por las calles de la Rural Atlas ya no volverá a caminar Salvita.
No volverá a salir rumbo a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), ni a preparar los chilaquiles, empanadas y gelatinas que vendía entre sus compañeros bajo un nombre que hoy resulta dolorosamente irónico: “Los muertos de hambre”.
Tampoco volverá a entrenar tiro con arco, a vender ropa los domingos en el tianguis, a correr para prepararle comida a su abuela de 80 años ni a cuidar a los perros y gatos que encontraba en el camino.
Gabriel Salvador Martínez Flores tenía apenas 21 años y muchos planes por delante.
El pasado viernes 7 de agosto, esos planes terminaron violentamente en la calle Cometa, en la colonia Rural Atlas, donde, de acuerdo con la denuncia pública realizada por su familia, fue víctima de un presunto ataque armado.
Hoy su nombre comienza a circular no como una estadística, sino acompañado de una exigencia: #JusticiaParaSalvita.
Una calle oscura también habla de abandono
En la carta abierta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la familia de Salvador lanza una acusación que va más allá de quienes dispararon.
“Te falló la avenida sin luz de la Atlas. Te falló la patrulla que nunca pasó. Te falló el estado que prometió cuidarte”.
La frase pone sobre la mesa una pregunta incómoda para las autoridades municipales de San Luis Potosí: ¿qué responsabilidad tiene una ciudad que permite que sus habitantes transiten por calles oscuras y con una percepción de escasa vigilancia?
Porque la seguridad no comienza únicamente cuando se abre una carpeta de investigación después de un homicidio.
También comienza antes.
Comienza con luminarias funcionando, espacios públicos atendidos, calles transitables, prevención y presencia policial suficiente en las colonias.
Una lámpara encendida no garantiza que un delito no ocurra, como tampoco una patrulla puede estar en cada esquina. Pero abandonar calles a la oscuridad y permitir que los vecinos perciban ausencia de vigilancia crea condiciones que incrementan la sensación de vulnerabilidad.
Y cuando ocurre una tragedia, la pregunta inevitable es si algo pudo hacerse antes.
“¿En qué andaba?”
La familia de Salvita decidió responder anticipadamente a una de las frases más crueles que suelen aparecer después del asesinato de un joven: “seguro en algo andaba”.
Sí, Salvador “andaba” en muchas cosas.
Era estudiante de la Facultad de Derecho “Abogado Ponciano Arriaga Leija”, donde cursaba la carrera de Criminología y estaba aproximadamente a un año de graduarse.
Era seleccionado de Águilas UASLP en tiro con arco y, según relata su familia, había conseguido numerosas medallas en competencias nacionales.
Andaba también buscando la manera de ganar dinero y ayudar en casa.
Vendía chilaquiles, empanadas y gelatinas en la universidad. Los domingos vendía ropa en un tianguis. Cuidaba a su abuela. Rescataba animales.
Hasta había sembrado un limonero en el patio.
En eso andaba Salvita.
Por eso detrás de la exigencia de justicia hay algo más profundo que una investigación criminal: está la indignación de una familia que se niega a permitir que la víctima sea reducida a una cifra o que sobre ella caiga cualquier insinuación que pretenda justificar lo injustificable.
La silla que quedará vacía
En la UASLP quedará un lugar vacío.
También en su casa.
Quedarán sus medallas, sus compañeros, sus clientes de “Los muertos de hambre”, los animales que alguna vez recogió de la calle, una abuela esperando a quien llegaba a cocinarle y una madre que ahora tendrá que aprender a vivir con una ausencia que ninguna sentencia podrá reparar completamente.
Y quedará también aquel limonero.
Quizá algún día dé frutos.
Salvita no podrá verlo crecer.
Tenía 21 años.
Su familia asegura que hasta el momento no hay personas detenidas por el crimen y reclama respuestas de las autoridades encargadas de investigar el homicidio.
Pero también exige mirar hacia las condiciones en las que ocurrió.
Porque la discusión no puede terminar preguntando quién jaló el gatillo. También debe preguntarse por qué tantas calles de San Luis Potosí siguen siendo señaladas por vecinos por falta de iluminación, qué tan efectiva es la vigilancia preventiva y qué está haciendo el gobierno municipal para recuperar los espacios donde los ciudadanos sienten que están solos frente a la delincuencia.
La muerte de Gabriel Salvador Martínez Flores debe investigarse hasta sus últimas consecuencias y corresponderá a la Fiscalía determinar responsables y esclarecer el móvil.
Mientras tanto, al Ayuntamiento le corresponde responder por aquello que sí está dentro de sus atribuciones: alumbrado público, prevención desde el ámbito municipal, recuperación del espacio público y una estrategia de seguridad que realmente se sienta en las colonias.
Porque después de una tragedia resulta demasiado fácil mandar condolencias.
Lo difícil es evitar la siguiente.
Hoy fue Salvita.
Un estudiante.
Un deportista.
Un hijo.
Un nieto.
Un joven que vendía comida para ayudar a su mamá.
Un muchacho de 21 años que simplemente debía haber podido regresar a casa.
Y no regresó.
Ahora su familia exige algo elemental:
Justicia para Salvita. Y que ninguna otra calle oscura de San Luis Potosí termine convirtiéndose en el escenario donde otra familia pierda a uno de los suyos.
