El debate debe considerar la gravedad de los actos y la corresponsabilidad de padres o tutores: Secretario General de Gobierno.
Por Jazmín Viramontes
Ante la propuesta de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de abrir un debate nacional sobre la posibilidad de juzgar como adultos a menores que cometan delitos graves, el secretario general de Gobierno de San Luis Potosí, J. Guadalupe Torres Sánchez, afirmó que el tema debe abordarse con responsabilidad y un análisis integral.
“Mira, es un debate que hay que tener mucha responsabilidad y no únicamente expresarlo en una entrevista; hay que analizar todas las aristas. Yo creo que tendría que tener como origen el grado o la brutalidad que algún adolescente o niño comete en contra de otro, como el antecedente que tú mencionas donde un joven en Michoacán agrede a dos maestras y les provoca la muerte; por supuesto que es una brutalidad y frente a ello pues se tienen normas que parecieran demasiado flexibles.”
Torres Sánchez indicó que, además de la conducta del menor, también debe considerarse la responsabilidad de los adultos a su cargo, ya que la legislación vigente contempla sanciones para quienes tienen la tutela.
“Cuando un crimen es cometido por una persona menor de edad, conforme a nuestras leyes criminales, la responsabilidad debe de abrazar e incluir a sus tutores, a sus padres. No olviden que estos sí son sujetos de una ley ordinaria o común, que inclusive permite la reclusión de este tipo de personas; ahí habría que ver toda esa parte, pero cualquier idea que sume para erradicar este tipo de prácticas es bienvenida”, añadió.
El secretario general agregó que el Gobierno del Estado se mantendrá atento a la propuesta formal que emita el Ejecutivo federal, la cual, dijo, deberá ser analizada en el ámbito legislativo y jurídico antes de definir una postura en San Luis Potosí y agregó que, cualquier iniciativa orientada a disminuir la incidencia de delitos graves, especialmente aquellos cometidos por menores, será revisada con detenimiento para garantizar que se ajuste al marco legal y a los derechos humanos.
