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No se han aplicado sanciones a los involucrados en los actos violentos contra la oficial del Registro Civil, pero al alcalde parece no preocuparle.

Por Miguel Ángel Lucio

Han pasado varios días desde que María Teresa Carrizales, quien se desempeñaba como oficial 11 del Registro Civil, fue desalojada de manera violenta de su oficina, por una supuesta orden de desalojo dada por la Secretaría General del Ayuntamiento capitalino, y al momento no se han deslindado las responsabilidades.

Al respecto, el presidente municipal de la capital, Xavier Nava Palacios, justificó que la tardanza para dar una resolución es debido a que continúan las investigaciones correspondientes y en cuanto se tengan las pruebas suficientes para deslindar responsabilidades, se tomarán las medidas correspondientes.

Estamos esperando las investigaciones, en cuanto eso suceda y tengamos nosotros material suficiente y materia para poder definir, con mucho gusto lo haremos saber a todos”.

Dijo desconocer cuánto tiempo más podría tardar el proceso de investigación, ya que, de eso depende cada una de las autoridades involucradas en las indagatorias.

“No sé exactamente, esperemos que ya sea pronto, están investigando la Fiscalía General del Estado, la coordinación de Derechos Humanos de San Luis, la propia Comisión Estatal, la Contraloría Interna del ayuntamiento, son varias instancias”.

Asimismo, dijo que también hay una investigación en la propia Dirección General de Seguridad Pública, pero será hasta que no concluyan cuando se puedan ofrecer detalles.

Finalmente, sobre la petición que hace el diputado Rubén Guajardo al titular de Seguridad Pública Municipal, Edgar Jiménez Arcadia, sobre un informe de lo ocurrido el 1 de julio, señaló que en cuanto se tenga se le hará llegar.

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