El diputado más faltista sigue siendo El Mijis
Por Fernanda Padilla
Congreso Calificado presentó los resultados de su Novena Evaluación Trimestral del Congreso del Estado de San Luis Potosí, en el que revela que 23 de 27 legisladores están reprobados.
Hasta la fecha de esta evaluación, se han presentado un total de mil 516 iniciativas, de las cuales, se han dictaminado 805, para una eficacia legislativa de 53%; de las cuales han presentado individualmente mil 283 de ellas.
Además, revelan que solo 9 de 27 diputados tienen un compromiso con la transparencia y han presentado su declaración 3 de 3, sin embargo, ninguno de los diputados de Morena ha realizado este trámite.
En la actual legislatura se han presentado un total de 97 iniciativas ciudadanas, las cuales guardan el siguiente status: 18 aprobadas, 21 improcedentes, 33 pendientes en términos de ley, 16 pendientes con los términos legales vencidos y en 7 se ha declarado incompetencia y 2 sin materia.
De 27 legisladores, solo 4 tienen calificaciones aprobatorias, además, los 23 legisladores reprobados tres tienen calificaciones inferiores a cero.
Los cuatro legisladores mejor evaluados son José Antonio Zapata Meraz (PAN) con 7 puntos, Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez (PRI) con 6.25 puntos y Ricardo Villarreal Loo (PAN) y Martín Juárez Córdova (PRI) con 6 puntos cada uno.
Entre los peores evaluados están Sonia Mendoza Díaz (PAN) con 0 puntos, Edson de Jesús Quintanar Sánchez (Morena) y Alejandra Valdés Martínez (Morena), ambos con -1 punto y Angélica Mendoza Camacho (Morena) con -3.25 puntos.
Los diputados con el 3 de 3 son: José Antonio Zapata Meraz, Jesús Emanuel Ramos Hernández, Martín Juárez Córdova, Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, Rubén Guajardo Barrera, Ricardo Villarreal Loo, María del Rosario Sánchez Olivares, Martha Barajas García y Héctor Mauricio Ramírez Konishi.
Cabe destacar que en este periodo se sancionó a la diputada Angélica Mendoza Camacho por incurrir en la conducta perniciosa luego de que señalaron existe testimonio público en video de un uso indebido de su carácter de representante popular para evitar o coaccionar el cumplimiento de la ley, en beneficio de él mismo o de otras personas.
Lo anterior, tras el incidente documentado en las instalaciones de la Clínica Número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la ciudad de San Luis Potosí, el 6 de noviembre de los corrientes.


