Organizaciones indígenas y civiles acordaron impedir proyectos de fractura hidráulica y defender el territorio ante posibles desarrollos impulsados por Pemex.
Por Verónica Galván
Ante el riesgo que representan para 365 comunidades de la región Huasteca los posibles proyectos de fracking, habitantes de distintos municipios se organizaron para establecer acuerdos que impidan la realización de esta actividad en sus territorios.
Organizaciones civiles y representantes de pueblos indígenas mantienen una postura firme de rechazo a la fractura hidráulica, conocida como fracking, y reiteraron su negativa a permitir esta práctica promovida por Petróleos Mexicanos (Pemex), al considerar que podría generar afectaciones ambientales y sociales.
La organización contra el fracking está integrada por colectivos civiles y representantes comunitarios, quienes reafirmaron su postura durante el sexto Foro del No al Fracking, realizado en la comunidad de Chiquinteco, municipio de Tampamolón, donde se alcanzaron acuerdos para continuar con la defensa del territorio.
El encuentro fue encabezado por Rogel del Rosal Valladares, integrante de la Contraloría Autónoma del Agua de la Huasteca Potosina, quien informó que en una reunión previa participaron alrededor de mil 300 personas, así como autoridades comunitarias de 14 municipios de la región Huasteca y representantes de organizaciones civiles.
Explicó que un grupo de expertos entregó a la presidenta de México un análisis sobre la viabilidad del fracking, en el que se plantea que esta técnica es sustentable; sin embargo, señaló que las comunidades y organizaciones participantes no comparten esa postura y mantienen su rechazo por los posibles impactos que podría ocasionar.
Rosa Esther Peña Soto y Yesenia Jocabeth Antonio Pérez, integrantes de la organización, señalaron que los acuerdos alcanzados forman parte de los resolutivos del sexto Foro del No al Fracking y adelantaron que solicitarán al Congreso de la Unión prohibir esta práctica. Además, dijeron estar a la espera de la postura que asumirá la presidenta de México sobre el tema.
Como parte de la defensa del territorio, informaron que las comunidades comenzaron a levantar actas generales de asamblea para establecer que el fracking queda prohibido dentro de sus territorios y que el agua no podrá ser utilizada para este tipo de actividades.
También indicaron que municipios de la región analizan acuerdos para impedir cambios de uso de suelo agrícola a industrial que pudieran facilitar la instalación de proyectos relacionados con esta actividad.
Los representantes comunitarios señalaron que, aunque se trata de una actividad de competencia federal, los pueblos indígenas cuentan con derechos para defender sus territorios y recurrir a mecanismos legales como los amparos.
“No es automático de que la Federación llegue y aquí me pongo”, expresaron, al recordar que desde 2018 se han logrado frenar proyectos relacionados con el fracking en la región.
La principal preocupación de las comunidades, señalaron, es la posible contaminación del agua, debido a que gran parte de la población se abastece de pequeños manantiales. Advirtieron que los químicos utilizados para fracturar el subsuelo podrían afectar los mantos acuíferos, la tierra y los cultivos, poniendo en riesgo productos que actualmente cuentan con certificaciones y representan una fuente importante de ingresos para las familias.
Además, alertaron sobre posibles consecuencias en la salud de la población y mencionaron como referencia el caso de Papantla, Veracruz, donde habitantes han denunciado problemáticas asociadas con esta actividad.
