El diputado Rubén Guajardo impulsa la creación de jueces cívicos municipales para desahogar la carga de la Fiscalía y resolver conflictos de forma expedita.
Por: Azdruval Vélez Hernández
Con el objetivo de contar con una herramienta alternativa para la resolución de conflictos en San Luis Potosí, el diputado local del PAN, Ruben Guajardo Barrera, presentó una iniciativa para la creación de la Ley Estatal de Justicia Cívica, figura que busca solventar la serie de pleitos o contiendas judicial que suelen saturar a instancias de justicia y que suelen ser de fácil resolución.
El legislador potosino explicó que esta iniciativa propone la participación de un juez cívico, quien sería el encargado de la aplicación de sanciones por faltas administrativas o por conductas que no se catalogan como delitos, pero, que afectan el orden y el equilibrio en la sociedad. En este sentido, Guajardo Barrera, ejemplificó con uno de los temas más recurrentes en la comunidad.
“Cuando hay algún choque vehicular y alguien no se hace responsables lo primero que se hace es presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, creando mayor carga de trabajo a este organismo, cuando este tema podría pasar por una conciliación con un juez cívico que, gracias a los dictámenes de los primeros respondientes, resuelva de forma práctica y rápida este problema”.
Agregó el diputado que en la entidad no existe una infraestructura física o administrativa relacionada a este tipo de figuras, por lo que la iniciativa contempla que sean los propios municipios los encargados de crear las condiciones necesarias relativas a la formación, capacitación y la carga financiera para la operación de este mecanismo y de sus respectivos colaboradores.
Recordó Rubén Guajardo que al tratarse de lineamientos que tendrían un impacto presupuestal en las administraciones municipales, en caso de ser aprobada la iniciativa, entraría en vigor hasta el próximo año, lo que genera un margen de tiempo óptimo para que los municipios puedan considerar los esquemas administrativos necesarios para su aplicación.
Por último, el diputado local, mencionó que se contempla un especial análisis y valoración para la posible aplicación de esta herramienta de resolución expedita de conflictos jurídicos en aquellos municipios donde predomine la población indígena, ya que son demarcaciones que suelen regirse por usos y costumbres, tema que no se pretende vulnerar con esta Ley.
