Por: Redacción

San Luis Potosí, enfrenta al menos en la capital potosina un clima de inseguridad que se palpa y se siente día a día, asaltos a transeúntes, robos a casa habitación, homicidios, robos a negocios siguen al alza.

En algunos casos los ciudadanos han tenido que enfrentar a los mismos delincuentes para llevarlos ante la justicia, ante el hartazgo y la nula actuación de la Policía Municipal, hacen justicia por propia mano.

¿Cuántas veces usted que me lee ha tenido que llamar a la policía, porque se andan peleando en su colonia, porque fue víctima de robo, porque se escuchan detonaciones de arma de fuego? ¿Cuántas veces se ha apersonado el mismísimo director de Seguridad Pública Municipal a defenderlo de la delincuencia? ¿Cuántas veces ha visto que los elementos montan un operativo para llevarse a un delincuente a rastras? Obvio, no lo hacen, porque saben que se les puede voltear y el delincuente acusarlos de violación a sus derechos humanos.

Pero entonces, porqué hacerlo con una abogada, con una mujer, que lo único que hacía era defender su trabajo, así como usted quizá, se defendería si fuera víctima de un acto arbitrario e injusto y mire la ley del Registro Civil del Estado de San Luis Potosí, es muy clara y la cito textualmente en su Capítulo II, ARTÍCULO 22.

“La titularidad de las oficialías del Registro Civil estará a cargo de los servidores públicos denominados oficiales del Registro Civil, quienes tendrán fe pública en el desempeño de sus funciones.

Los oficiales del Registro Civil podrán ser suplidos en sus funciones por los presidentes municipales de los ayuntamientos que corresponda, solamente en el caso de ausencia temporal de aquél o, en caso de urgencia”.

Es decir, que el alcalde Xavier Nava Palacios, podía suplir a la abogada María Teresa Carrizales, de su cargo como Oficial del Registro Civil “solamente” (la ley es muy clara) en caso de ausencia o urgencia, obvio ninguna de las dos cosas aplicaba en el caso de la abogada, porque la funcionaria seguía prestando sus servicios a la comunidad como oficial del Registro Civil y en el caso de urgencia, quizá la única que había, la tenía el alcalde y el Secretario que buscaban callar a quien denuncio que estaban cobrando demás en la emisión de actas de matrimonio y registro de sentencias.

La ley también dice que, en caso de ausencias por más de 10 días hábiles, el edil podrá nombrar a un suplente, en tanto el Ejecutivo del Estado lleve a cabo la habilitación correspondiente, es decir, nombre a un nuevo oficial.

Pero, al parecer los funcionarios municipales, nuevamente hacen gala de su inexperiencia y su falta de conocimiento en la Ley, la cual como hemos visto en reiteradas ocasiones se la pasan por el arco del triunfo.

Grave, es que usen la fuerza pública para sacar a una mujer de su oficina, grave es que violen sus derechos humanos y más grave aún que el Director de Seguridad Pública Municipal, acuda a una diligencia sin ningún ordenamiento legal, para dizque aplicar la ley, grave que se presente a una diligencia menor, cuando cientos de ciudadanos claman por su presencia al ser víctimas de la delincuencia, grave que se sigamos a nueve meses de administración municipal, padeciendo de un gobierno sin pies ni cabeza.

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