El gobernador de San Luis Potosí recibió cerca de 12 puntos dentro de la recomendación 3 /2021 en este caso
Por Fernanda Padilla
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió cerca de 12 puntos dentro de la recomendación 3 /2021 al gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López por el caso de María de Jesús Almendárez Prieto, quien sufrió acoso por parte de un funcionario cuando desempeñaba labores administrativas contables en el área de Ingresos de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop).
Luego de denunciar este tipo de actos, la víctima fue “castigada” con persecución y hostigamiento laboral, sin que al momento se hayan resarcido los daños.
En este sentido, la CNDH emitió una serie de recomendaciones de la que destaca una disculpa pública por parte del gobernador.
“Se otorgue una disculpa pública institucional por los agravios generados por todas las personas servidoras públicas de las dependencias a su cargo involucradas en los hechos, además de emitir una declaración oficial, en el que se refiera al reconocimiento de los hechos y aceptación de responsabilidades, y se den a conocer las medidas y garantías para la no repetición de actos como los que dieron origen a esta Recomendación y demás instrumentos recomendatorios, aunado a la difusión de esta, de manera previa y posterior, de lo cual deberá remitir a este Organismo Nacional, las constancias que acrediten su cumplimiento”.
Además, la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas de San Luis Potosí, deberá dar el seguimiento necesario para que, en un plazo no mayor a tres meses, se determine de manera fundada y motivada la reparación integral del daño, y en su caso, la compensación económica que les corresponda.
Deberá elaborarse un plan de atención de salud integral para la víctima, además de incorporarla a su lugar de trabajo y conforme a las actividades que desempeñaba en el momento en que sucedieron los hechos, procurando generar condiciones previas para evitar actos de discriminación o estigmatización que generen violencia al interior de la institución.
Se deberá investigar y, de ser el caso, sancionar mediante responsabilidades administrativas a los involucrados, entre otros puntos que extendió el organismo de Derechos Humanos.
