Si bien el instituto estatal brinda acompañamiento, la competencia primordial recae en instancias federales
Por Jazmín Viramontes
El titular del Instituto de Regularización y Vivienda Social (Inrevis) del Estado, Christian Sánchez Sánchez, informó que se han detectado al menos 250 casos de viviendas que se encuentran asentadas en derechos de vía ferroviarios en San Luis Potosí. Esta situación ha cobrado relevancia ante el proyecto federal del tren México-Laredo, el cual contempla inversiones para la reubicación y ordenamiento de estas zonas.
Sánchez Sánchez explicó que, si bien el instituto estatal brinda acompañamiento, la competencia primordial recae en instancias federales debido a la naturaleza de los predios. No obstante, destacó que existe una estrecha coordinación para canalizar a los ciudadanos afectados por la ruta correcta.
“Cuando es un área federal, el gobierno federal tiene al Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) quien viene haciendo el trabajo que antes hacía CORETT y ellos pueden regularizar esas zonas. Ahí nosotros tenemos respeto a esa parte, pero sí asesoramos a la gente y los mandamos por la ruta correcta. Cuando se hizo el plan de vivienda de la presidenta de la República se hablaba de una inversión en las áreas ferroviarias que se iban a reubicar”, dijo al respecto.
Zonas como Las Terceras en la capital potosina y el municipio de Vanegas son puntos críticos donde las familias han manifestado su inquietud. De acuerdo con el titular de Inrevis, los ciudadanos no temen un desalojo arbitrario debido a su alto nivel de organización, sino que buscan la certeza jurídica para proteger el patrimonio de sus hijos.
“Hay familias que pretenden reubicarse; no están preocupados porque están muy organizados y no se van a dejar quitar sus propiedades, lo que quieren es ya regularizar y tener la certeza legal. Piensan que, en algún momento, al no ser dueños formales, no podrán heredar seguridad a sus hijos. Se han acercado directamente unas seis personas, pero ya focalizando si son más de 100 casos detectados por nosotros, y unos 250 en total según el plan federal”, añadió.
Finalmente, Sánchez Sánchez señaló que el proceso de regularización podría agilizarse si se aprueba un nuevo decreto en la Cámara de Diputados, el cual permitiría a los estados intervenir en terrenos que actualmente son de carácter ejidal o federal pero con uso habitacional. El funcionario subrayó que están a la espera de estas facultades legales para ampliar su rango de acción.
“Si en este decreto que se pretende aprobar en la Cámara de Diputados nos faculta para poder regularizar, sobre todo las áreas de ejidos que están orientadas a vivienda, pues podríamos también ser parte de este proceso de manera directa. Por ahora, nosotros solamente atendemos y le damos seguimiento a las demandas que nos hace la gente, pero quien tiene la facultad de resolver este tema de fondo es la dependencia federal”, puntualizó.
