A los representantes de la iniciativa privada en San Luis Potosí les causa indignación la aplicación de justicia en México, aseguran que el sistema solo se aplica de manera selectiva y de acuerdo a los intereses de unos cuantos, lo cual resulta irresponsable, esto luego de que un juez federal pusiera fin a las acusaciones judiciales contra la ex lideresa sindical Elba Esther Gordillo, tras pasar 5 años en arresto domiciliario y quien ahora goza de su libertad.
En ese sentido, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Jaime Chalita Zarur señaló que no da crédito a la actuación de la autoridad en este caso que mantuvo en cautiverio a una persona por cinco años y que al final no se le encontrara responsabilidad, a lo que se calificó como un suceso de incapacidad, situación que deja muchas dudas y genera incertidumbre entre los mexicanos.
“Así que una total desilusión del uso o del abuso de las instituciones que rigen la vida pública del país a donde parece que los mexicanos estamos desamparados y que con estas acciones crece la impunidad, crece lo que hemos señalado en Coparmex, que las personas que tienen a su disposición grandes cantidades de dinero como en algunos sindicatos o como desde el gobierno, los meten a la cárcel alguna temporada y les sale barato salir después con las bolsas de dinero ilícito”.
Por otro lado, el presidente de la cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) Alejandro Pérez Rodríguez indicó que este es un verdadero acto de impunidad que genera una mala imagen del país, ya que no hay un verdadero castigo para los hechos de corrupción.
“Desgraciadamente eso es lo que pasa, no hay un verdadero castigo a gente que de alguna manera comete corrupción o roba dinero público entonces, la verdad lo veo muy mal… mientras no haya justicia, mientras no haya castigo para este tipo de gente, desgraciadamente México va a seguir como está”.
Cabe recordar que la dirigente magisterial fue detenida el 23 de febrero de 2013 y fue acusada por presunto lavado de mil 978 millones de pesos, paso cinco años, cinco meses y 11 días en prisión y un juez consideró que las pruebas acumuladas en su proceso no acreditaban su responsabilidad.
