“Generar condiciones necesarias para el disfrute de todas las personas, de todos los derechos, es el medio más adecuado para logar una estabilidad social que permita el crecimiento equitativo de todos sus integrantes” sostuvo el Magistrado Juan Paulo Almazán Cue Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, al iniciar el Taller “Derechos Humanos y acceso a la justicia de las personas con discapacidad” que se impartió en el Poder Judicial del Estado para el funcionariado jurisdiccional.
La experta en los sistemas internacional e interamericano de Derechos Humanos, Nadia Sierra Campos, impartió esta capacitación en la que participaron magistradas, magistrados, juezas, jueces y diverso personal jurisdiccional de Salas, Juzgados y del Consejo de la Judicatura.
El Magistrado Almazán Cue, dijo que trabajar en este tema forma parte de una lucha por la inclusión de forma digna de las personas con discapacidad” y es una de las acciones del Poder Judicial del Estado para cumplir con la meta nacional de un México incluyente en el que seamos capaces de garantizar el acceso y disfrute efectivo de los derechos de toda persona.
Puntualizó que “en México, 7.1 millones de habitantes padecen de alguna discapacidad de las cuales, el 2.7 por ciento vive en el Estado de San Luis Potosí, siendo uno de los siete estados del país con más alto porcentaje y, por ende, la responsabilidad es mayor”.
Al hablar sobre este tema, la Maestra Nadia Sierra Campos afirmó que “es el entorno y las barreras de actitud que ponemos hacia las personas con discapacidad, las que impiden que se desarrollen de una manera plena y a partir de ello, hay una serie de obstáculos para que puedan acceder plenamente a todos sus derechos”.
“Las personas ciegas, sordas o con alguna discapacidad motora, tienen mayores posibilidades de acceso a estos derechos, si se encuentran con alguna persona con la disposición de ayudarles, pero las personas con alguna discapacidad intelectual o discapacidad psicosocial enfrentan mayores barreras”.
“Es más fácil trabajar y hacer un servicio público en lo que se ve que en lo que no se ve” dijo la Maestra Sierra Campos ante medidas como las rampas de acceso en edificios públicos y privados, y agregó que, si bien no son acciones superficiales, porque son una obligación y cumplen con mandamientos legales, “falta mucho en profundizar sobre cómo brindar mayores mecanismos de apoyo a las personas que tienen alguna discapacidad”.
Sobre lo anterior ejemplificó que, en un restaurante, además de las rampas que faciliten el acceso, pudieran contar con menús en braille, es decir, “hacer ajustes que permitan que las personas con distintas diversidades funcionales, estén plenamente incorporadas, y en esto, hay que hacer un esfuerzo mayor y ser creativos”.
En este taller, estructurado con el fin de brindar el conocimiento, técnicas y habilidades que fortalezcan el correcto trato a las personas con discapacidad dentro de los procesos judiciales, se abordaron conceptos básicos en materia de discapacidad, modelos de abordaje, el modelo social sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el marco normativo, lenguaje inclusivo y el desarrollo de casos prácticos.
