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Jesús “El Rey” Zambada García, Lucero Guadalupe Sánchez “La chapodiputada” y Jorge Milton Cifuentes Villa, tres testigos protegidos que testificaron contra Joaquín “El Chapo” Guzmán, podrán aminorar las penas que enfrentan.

En el juicio contra el exlíder del Cártel de Sinaloa, Jesús Zambada García, hermano de “El Mayo” Zambada, aseguró que dicha organización criminal y sus exsocios, Los Beltrán Leyva, pagaron alrededor de 50 millones de dólares al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, detenido en diciembre del año pasado en Texas.

Dijo que entregó maletas con entre seis y ocho millones de dólares al exmando policíaco en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

La exdiputada local en Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez López, quien testificó y rompió en llanto en el juicio de Nueva York, fue acusada de utilizar documentos falsos para ingresar al penal del Altiplano para entrevistarse con “El Chapo” Guzmán, con quien tuvo una relación sentimental.

Sánchez López fue detenida cuando intentaba cruzar la frontera desde México a San Diego en Estados Unidos. Las autoridades de ese país la acusaron de conspiración para traficar cocaína.

Jorge Cifuentes, operador colombiano de “El Chapo” Guzmán, recuperó su libertad en diciembre del año pasado, según la Oficina Federal de Prisiones.

A cambio de incriminar al Chapo y otras personas acusadas de narcotráfico en Estados Unidos, los tres personajes -que enfrentan una sentencia mínima de 15 años de cárcel o cadena perpetua, como castigo máximo- con su cooperación podrían obtener penalidades menores.

Al estar en la categoría “testigos cooperantes”, como el Departamento de Justicia llama a la condonación de penas criminales de probados delincuentes que incriminan a otros delincuentes, Cifuentes Villa, Rey Zambada y la Chapodiputada no están exentos de no permanecer en la cárcel.

Para que el juez o jueza a cargo de los casos de los tres implicados aminore sus condenas, el Departamento de Justicia debe enviar una carta a la Corte federal certificando la “buena conducta y cooperación” de los delincuentes para que esto sea tomado en cuenta en la sentencia.

Si el magistrado o magistrada acepta la recomendación del Departamento de Justicia es su prerrogativa absoluta bajar la sentencia a menos de los años que establece el castigo mínimo en cada caso.

Si un testigo no cumple con las expectativas que en él tiene el Departamento de Justicia, al juez se le pide que lo sentencie con la penalidad máxima que enfrenta.

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