• Iniciativa privada pide establecer estímulos fiscales y capacitación para que las empresas logren la transición sustentable sin comprometer su estabilidad.
Por: Azdruval Vélez Hernández
La industria potosina requiere un esquema de estímulos que retribuya su contribución a un modelo sustentable antes que un sistema basado en sanciones, señaló Imelda Elizalde Martínez, presidenta local de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), ante la implementación aún en proceso de la Ley de Economía Circular en San Luis Potosí.
La implementación de esta disposición federal en la entidad exige un proceso profundo de formación técnica, añadió Elizalde Martínez, al indicar que las empresas necesitan conocer a detalle la gestión de sus residuos industriales para asegurar su disposición final, su correcta valoración y su reintegración en las cadenas de proveeduría.
“La mayoría de las empresas desconoce o conoce poco lo que implica la implementación de procesos que lleven a reúso o reutilización o reprogramación de sus desechos y de sus procesos, por lo que considero que existe una profunda necesidad de capacitar (…) adicional a la ley debe existir opciones para que la comunidad empresarial recuperemos incentivos de cumplimiento, que se me premie por cumplir y no solo que se me sancione por no cumplir”.
De acuerdo con la líder empresarial, este modelo de economía circular demanda que el sector privado comprenda con exactitud tres etapas clave de sus remanentes industriales como son la identificación de los recursos sobrantes tras el proceso manufacturero, la transformación técnica de dichos materiales, así como la reutilización de los insumos como proveeduría revalorizada.
Tras la aprobación de la normativa a nivel federal, el Congreso del Estado tiene la responsabilidad de mostrar apertura, agregó la presidenta de Canacintra, quien dijo que es vital que los legisladores brinden facilidades que aseguren el éxito de este nuevo paradigma económico en la entidad.
“Justamente para evaluar el impacto que tiene la implementación de una ley como esta en el Estado, y ver de qué manera las empresas que nos vemos afectadas con esta ley podamos responder sin dañar nuestra estructura, nuestra parte financiera y operativa, y que la medida se convierta en un propósito, que es buscar que el país cuente con menos emisiones de residuos”.
