Casos como el de la joven potosina que con tan sólo 18 años de edad se realizó un aborto, y ahora tiene que enfrentar un procedimiento legal por dicha práctica; obliga al análisis del tratamiento tanto legal como médico, de este tipo de casos.
El presidente de la Asociación Potosina de Abogados, Huitzilihuitl Ortega Pérez, señaló que la posible despenalización del aborto en el Estado, es un trabajo de análisis que compete al Poder Legislativo, quien deberá arroparse de las dependencias y organizaciones civiles que abordan esta temática, para encontrar una mejora en las disposiciones legales que existen en la materia, ya que a pesar de existir algunos excluyentes para la penalización de la práctica, parecen ser insuficientes.
Los Servicios de Salud en el Estado, juegan un papel preponderante, ya que, en el caso de despenalizarse la interrupción voluntaria del embarazo, serían los médicos certificados quienes deberían de efectuar este procedimiento.
La re-victimización a las personas que deciden realizarse un aborto, es otro de los temas que se dejan de lado, cuando se busca sancionar (sin conocer el trasfondo de las personas) a quien efectúa esta práctica, para lo cual es de vital importancia el tema de la capacitación en materia de impartición de justicia.
La interrupción voluntaria del embarazo, en San Luis Potosí donde se encuentra penalizado practicar un aborto, no cuenta desde hace más de 10 años con algún registro de defunción en las mujeres que se lo realizan, sin embargo, esto no significa que no sea una práctica riesgosa, sobre todo si se hace de manera clandestina.
El hecho de que se penalice la interrupción del embarazo en la entidad, tampoco es garantía de que las mujeres potosinas no lleven a cabo este tipo de prácticas, sólo genera un alejamiento de la población con sus servicios médicos correspondientes.
