Hay líneas que se rehúsan a cambiar unidades con más de diez años o a cumplir con otras disposiciones contenidas en la Ley
Por Azdruval Velez
Tras la presunta intención de los permisionarios del transporte público de San Luis Potosí de incrementar la tarifa del camión urbano para el próximo año a 10 pesos con 50 centavos, Alejandra Valdés Martínez, presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transporte, señaló que son varias las líneas de camiones urbanos que se han negado a cumplir con los compromisos previamente acordados para considerar la posibilidad de un aumento a la tarifa, con lo que se complica la factibilidad de la propuesta que llegará al seno de la comisión a inicios del próximo año.
“Una de las empresas se ha negado a cambiar las unidades, se han negado a hacer uso del sensor, hay camiones que aún no cuentan con el botón de pánico, e incluso algunos que tienen más de 13 o 14 años de vida lo cual está fuera de la Ley que solamente contempla 10 años como máximo; todos estos aspectos los queremos ver en un estudio pertinente”.
Por su parte, Martín Juárez Córdoba, diputado presidente de la Directiva del Congreso del Estado e integrante de la Comisión de Transporte Público, mencionó que los permisionarios se encuentran en todo su derecho a realizar propuestas de incremento a las tarifas, sin embargo, a la fecha no se ha presentado de manera formal ninguna propuesta por lo que solicitó evitar especulaciones.
“Se tiene que someter a un análisis y a una revisión muy puntual, hay una serie de esquemas cuando se generan estas variaciones al cobro, y estos tienen que estar apegados a un elemento que los soporte y que justifique cualquier acción en este sentido, de entrada, hay que hacer una revisión muy puntual, pero al momento de manera oficial no tenemos nada”.
Valdés Martínez, mencionó que más allá del derecho de presentar propuestas de incremento de tarifa, la propuesta que se ha dado a conocer por parte de los permisionarios del transporte público en la entidad se encuentra fuera de proporciones.
“No a $10.50 como ellos quieren, sino, si es que va a haber un aumento que sea conforme a la Ley dice, con relación a la inflación y al IVA, porque esto de los $10.50 es subir la tarifa casi un peso y no creo que sea lo conveniente para la ciudadanía porque son los más afectados, además, seguimos con el problema de las tarjetas de prepago con una empresa que tampoco ha cumplido con sus compromisos”.
Por último, la diputada Alejandra Valdés, dijo esperar que este año sí se convoquen a las diferentes asociaciones civiles involucradas en este tema para que participen de forma activa en la decisión que se habrá de tomar, ya que el año pasado, por ejemplo, ella fue la única que votó en contra al enfrentar a 50 permisionarios que votaron a favor sin una representación real del sentir de la población.
