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La idea es ampliar las facultades de las autoridades en este ámbito.

Es necesario modificar la Ley de Alcoholes para actualizar la regulación de la venta, distribución, consumo y suministro de las bebidas, ante el desarrollo de la industria restaurantera, de bares, centros nocturnos y de esparcimiento, dijo el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Mauricio Ramírez Konishi.

Al presentar la iniciativa de reforma, dijo que se requiere una correcta interpretación del ordenamiento legal, delimitando las facultades de aplicación para los diferentes niveles de gobierno, para evitar vicios y lagunas de Ley que solo limiten la capacidad de las autoridades en su actuar al momento de regular este tipo de comercios.

La coordinación efectiva para la prevención, supervisión y sanción correspondiente, garantizará la seguridad de los consumidores y certeza jurídica a los dueños de los establecimientos, sin embargo, al momento  de su publicación, no se precisó la regulación del  almacenamiento y producción como son los procesos de la fermentación y la destilación de bebidas, lo que ha implicado que aquellos establecimientos que se dedican a dicha actividad, logren evadir las acciones de supervisión y regulación por parte de la autoridad competente.

El diputado Ramírez Konishi dijo que en materia de licencias de funcionamiento, la iniciativa replantea los procedimientos y requisitos para la expedición, refrendo y temporalidad o en su caso cancelación de la misma, adecuando la correcta delimitación en su expedición tanto a autoridades estatales como a municipales a través del intercambio de información en la expedición de licencias para contar con un padrón único para un mejor control, inhibiendo que de manera indebida de forma contraria a la propia Ley, se lucre, vendiendo o arrendando dichas licencias sin cumplir con los requisitos.

En cuanto a la vigilancia e inspección, se efectúan diversas precisiones procesales acordes con el Código Procesal Administrativo para el Estado, como lo es que, por tratarse de un procedimiento de orden público, los plazos procesales establecidos y como deberá sustanciarse. Además de establecer la obligación del Estado y Municipio, por conducto de sus autoridades en la materia, de denunciar ante las autoridades competentes, aquellos hechos que, derivados de las inspecciones efectuadas, se adviertan actos posiblemente constitutivos de delitos, riesgos sanitarios o de seguridad en los inmuebles.

La iniciativa permitirá reforzar de mejor forma este ordenamiento, ampliando las facultades de las autoridades competentes en esta materia, a través de la prevención, coordinación y exacta observancia de la norma en beneficio de los consumidores y dueños de los establecimientos, puntualizó el diputado Mauricio Ramírez.

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