El hecho de que otras entidades federativas promuevan iniciativas similares habla de una tendencia nacional: Paloma Blanco López.
Por: Azdruval Vélez Hernández
La iniciativa que presentó el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) para la alternancia obligatoria en la candidatura a la gubernatura según el género registrado en la elección previa en San Luis Potosí, se respalda en un riguroso estudio técnico que se desarrolló durante más de un año, el cual está diseñado para blindar el proceso electoral con certeza jurídica y, sobre todo, equidad de género, señaló la titular del organismo, Paloma Blanco.
En este sentido, la presidenta del Ceepac, aclaró que el organismo no es responsable de las interpretaciones o impugnaciones que surjan tras la propuesta, al señalar que cualquier postura jurídica corresponde exclusivamente a los actores políticos y sociales, toda vez que el organismo electoral cumplió con su deber de entregar un paquete de propuestas para la próxima Reforma Electoral en San Luis Potosí.
“En el uso exclusivo de nuestras facultades presentamos ese documento ante quien tiene la facultad de seguir con los pasos subsecuentes, eso es todo lo que puedo comentar, Ceepac no es un actor político, Ceepac lo único que realizó fue llevar a cabo la atribución que le marca la Ley (…) el análisis que pueda realizar el Poder Legislativo o más adelante los Tribunales Judiciales, son atribuciones exclusivas de ellos”.
Blanco López añadió que propuestas similares en el resto del país demuestran que el tema de la paridad en materia electoral es una prioridad en la agenda pública del país, además de un paso necesario para resolver un rezago histórico en el sistema democrático, por lo que existe una alta probabilidad de que la entidad potosina no sea la única en promover este tipo de medidas de cara a los próximos procesos electorales.
“El tema de la paridad es algo que está en todos los Estados, en el caso de Ceepac esta parte de la paridad, que no es el único tema que se desprende de la iniciativa que presentamos, se sustentó en sentencias y criterios jurisdiccionales que ya desde hace años conminan a los Estados a tener este tipo de medidas, sin embargo, cada Estado tiene un contexto sociopolítico y legal distinto, y ya serán las autoridades de cada entidad quienes determinen sus casos en particular”.
