Indicaron que la denuncia presentada en 2017 señala una vida de excesos a costa de los recursos de los trabajadores
Por Redacción
La organización Ciudadanos Observando reveló que desde 2017, Bernardina Lara Argüelles y Francisca Reséndiz Lara se encuentran bajo investigación de la Fiscalía General de la República por diversos delitos.
Detallaron su posible responsabilidad en operaciones con recursos de procedencia ilícita, evasión fiscal, tráfico de influencias, cohecho y asociación delictuosa.
Sentenciaron que ambas cuentan con investigaciones ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, según documentos en poder de la organización.
Narraron que las pesquisas se realizaron a partir de una denuncia ciudadana presentada el 23 de enero del 2017, en la cual, se advierte la posible responsabilidad de ambas lideresas sindicales en los mencionados delitos, los cuales, habrían sido presuntamente realizados al utilizar de manera ilegal los fondos de los sindicatos que actualmente representan.
“Se sabe que llevan una vida ostentosa, llena de lujos, que derrochan dinero, realizan viajes fuera de la ciudad y del país, cuentan con propiedades onerosas y vehículos de lujo”, indican forma parte de la denuncia.
Sentenciaron que Reséndiz Lara compró en menos de cinco años, cinco lujosas casas valuada en por lo menos 10 millones de pesos, dos de las cuales se ubican en fraccionamientos exclusivos como El Campestre.
Además, de que dos hijas estudiaban en Canadá y Suiza y por lo menos tres cuentas bancarias en Banorte, de las cuales, señalaron, una es del SITTGE, otra personal, y una de los trabajadores, de donde se transfieren recursos financieros a su cuenta personal.
La denuncia pide a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores “recabar la información bancaria de las lideresas, a fin de que se conozca con precisión su contenido, así como la diversa apertura de cuentas bancarias y sus manejos legales”.
De ser declaradas culpables por estos delitos, según el artículo 400 del Código Penal Federal, las lideresas podrían enfrentar de 7 a 22 años de prisión, multas de mil 500 a 7 mil 500 días de salario, la inhabilitación para desempeñar su cargo o comisión público y el decomiso de los recursos o dinero.
