Teresa Carrizales afirmó que funcionarios municipales se han acercado a ella a ofrecerle dinero.

Por Fernanda Padilla

Teresa Carrizales Hernández, la exoficial del Registro Civil que fue desalojada violentamente por presuntas órdenes del secretario general del Ayuntamiento capitalino, Sebastián Pérez García, presentó este martes ante el Congreso del Estado, la solicitud de juicio político contra el alcalde capitalino, Xavier Nava Palacios.

Indicó que la han buscado en cuatro ocasiones para ofrecerle dinero, ya que no quieren destituir a nadie, ni reinstalarla en su cargo, aseguró que uno de los ofertantes fue el jurídico del Ayuntamiento capitalino, Daniel Alcántara, quien fue enviado por Pérez García.

“Uno me decía que una indemnización tipo gringa, no sé qué signifique eso, yo no les he puesto cantidad, porque yo no sé cuánto valga la integridad de ellos, pero la mía no tiene precio, hay cosas que no se miden así”.

Además, indicó que, durante su cita en la Comisión de Derechos Humanos, elementos municipales se llevaron su vehículo en una grúa, por una presunta denuncia anónima.

Sobre el desinterés de Nava Palacios en el tema, dijo que, si no le iban a importar los derechos humanos de las personas, menos las denuncias en su contra.

“Pues si no está preocupado por violentar derechos humanos, y no está preocupado por el derecho de las comunidades indígenas, si no está preocupado por lo que lo pasó en Plaza del Carmen con los comerciantes, sino está preocupado por los ejidatarios, si no está preocupado y si no le ha quitado el sueño junto con el secretario lo que a mí me hizo, pues qué le puede importar que no sea él, es lógico”.

Carrizales Hernández indicó que pidió a la CEDH que se integre a las oficiales que fueron enviadas a violentarla a la reparación del daño, ya que ellas solo son víctimas colaterales que siguieron una orden.

“Dentro de la restitución del daño, si va a haber alguna situación de dinero, que fuera destinado para ellas, porque es indignante que utilicen la vulnerabilidad de todo el empleado y los obliguen a hacer eso”.

La abogada aseguró que ella no tiene nada que perder. “A quedar destituido, e inhabilitado para ocupar cualquier puesto de elección popular, en este caso la gubernatura de San Luis Potosí en 2021, y listo para poder ser castigado corporalmente con cárcel. (…) No midieron con quién se estaban metiendo, yo no tengo nada que perder, y el que no tiene nada que perder, puede pedirlo todo”.

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