José “N” fue asegurado de manera extraoficial en Reynosa tras escapar de la entidad.
Por: Azdruval Leonel Hernández
Autoridades capturaron de manera extraoficial en Reynosa, Tamaulipas, a José “N”, sacristán señalado por el presunto abuso sexual contra menores de edad en el municipio de Villa de Pozos. El aseguramiento ocurre tras la fuga del implicado, quien escapó de San Luis Potosí luego de que madres de familia y activistas denunciaran públicamente agresiones cometidas contra niñas en la capilla de San Pedro y Santa María de Guadalupe, ubicada en Prados Segunda Sección.
Información preliminar indica que la aprehensión sucedió durante la madrugada del jueves, por lo que el sujeto será trasladado a la capital potosina para quedar a disposición del Ministerio Público. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene reserva y no emite un comunicado oficial para confirmar el arresto, detallar los cargos ni precisar las circunstancias del operativo.
“Tenían un modo de operar malvado, sacaban a los padres de la iglesia, se quedaban solos con las niñas en la iglesia y los pasaban a cuartos y habitaciones donde abusaban sexualmente de ellas, en donde las tocaban y en donde ocurrían distintas atrocidades. No estamos hablando de pocos casos, son al menos diez y creemos que pueden ser más”, declaró previamente la abogada y activista Marilú González Martell.
De acuerdo con los reportes de las familias y las organizaciones acompañantes, las denuncias involucran a víctimas de entre cuatro y trece años de edad, respaldadas por al menos ocho carpetas de investigación formalizadas ante la FGE. Asimismo, los denunciantes señalaron la posible complicidad de la cónyuge del detenido y del párroco del templo, además de un presunto vínculo laboral previo del acusado con la iglesia de El Saucito.
Ante la eventual confirmación oficial del traslado, el proceso continuará con la formalización de las imputaciones y la solicitud de medidas cautelares ante un juez de control. Por su parte, las madres afectadas exigieron garantías de protección para las menores, evitar cualquier revictimización y conducir las investigaciones con imparcialidad, sin distinciones por el cargo o la relevancia de los posibles involucrados.


