El secretario general de Gobierno, aseguró que el marco legal actual permite dar certeza total sobre la integridad de los candidatos y el origen de sus recursos.
Por Jazmín Viramontes
El secretario general de Gobierno de San Luis Potosí, J. Guadalupe Torres Sánchez, afirmó que el sistema de fiscalización y control del financiamiento para campañas electorales ha sido fortalecido de manera significativa, tanto en el ámbito federal como local, con miras al próximo proceso electoral en el que se renovará la gubernatura del estado.
“Se ha fortalecido todo el andamiaje que tiene que ver con el uso de los recursos o los financiamientos tanto público como privados para las campañas electorales. Esa parte ha sido ya muy fortalecida, prácticamente se ha blindado, inclusive extrema, pero bien, o sea, es bien. Todo lo que venga a sumar para que los votantes tengan garantía de que quien aparece en una boleta electoral es una persona libre de cualquier tipo de señalamiento, nosotros lo vamos a aplaudir.”
Ante la inquietud sobre si se puede garantizar la ausencia de financiamiento irregular en la contienda por la gubernatura del próximo año, el secretario fue enfático al señalar que las sanciones actuales son severas, incluyendo la pérdida de la candidatura o del triunfo obtenido en las urnas si no se cumplen las reglas de reporte de gastos.
“Está totalmente garantizado. La verdad que insisto, las normas que desde la Federación y en unión con el Instituto Nacional Electoral se han establecido para el financiamiento en cualquier tipo de campaña local o federal han sido muy fortalecidas; inclusive acuérdense que malos números o no reportar los números, a un candidato que pueda ser electo lo terminan bajando. Entonces la verdad que es de aplaudirse porque se llama orden y hay que sumarnos desde ahora a ese orden.”
Finalmente, el funcionario reiteró que el Ejecutivo estatal se sumará en el ámbito de su competencia para coadyuvar con el INE y las autoridades electorales locales, garantizando que el proceso se desarrolle bajo un clima de legalidad y respeto absoluto a la voluntad popular.
