No hay pretextos para cumplir con lo que incluso es un acuerdo de Cabildo.
Por Azdruval Vélez
El presidente del Comité Directivo Municipal del PRD, Ernesto Barajas Abrego, señaló que tras la recomendación que emitió la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) sobre el caso del desalojo violento de Teresa Carrizales, es imperante que el señalado como culpable sea destituido de su cargo.
Barajas Abrego, recordó que en sesión de Cabildo del pasado 15 de julio, se solicitó que quien resultara culpable tras concluir las investigaciones fuera inmediatamente cesado, razón que fue votada y de la cual se desprende un acuerdo de Cabildo que cuenta con toda la formalidad necesaria, por lo que una vez que se cuenta con una determinación de la CEDH, se deberá citar a sesión extraordinaria para esclarecer el tema.
“Yo creo que aquí, no sólo la licenciada Teresa Carrizales, sino todos los potosinos estamos en espera de ver si efectivamente, tanto el alcalde como el Cabildo, cumplirán con lo que se dijo ese día con el acuerdo del mismo… recordemos que no es un ofrecimiento, sino un acuerdo de Cabildo que se tiene que cumplir, y eso es lo que pide la licenciada Carrizales”.
Agregó que, si bien se continúa en espera de las investigaciones que realicen tanto la Fiscalía General de Justicia, como la Contraloría Interna del municipio; al contar con una determinación de un organismo autónomo como es la CEDH, ya se sabe que rumbo tienen las determinaciones, porque en sí, son obvias.
“Creo que todo San Luis, todo México e incluso hasta en otros países vieron la forma y el trato abusivo en el cuál se trató a esta oficial del Registro Civil, no se necesita mucha ciencia para determinar responsabilidades; yo creo aquí el tema es que alguien está mintiendo, porque tanto el director de Seguridad Pública municipal como el Secretario no han tenido ni la valentía ni la honestidad para poder decir quién les ordenó que hicieran esas atrocidades, el punto es ese”.
Por último, indicó que no existen pretextos para que se alarguen los tiempos de las investigaciones que realizan tanto la Fiscalía como la Contraloría, ya que lo que en realidad resulta importante, es que la personas que es culpable del violento desalojo pague por su actuar.
“Si el contralor del Ayuntamiento necesita otros diez meses para poder determinarlo, pues serán sus tiempos, pero yo creo que en la ciudadanía sabemos perfectamente bien quién fue, lo más digno, honroso, pero, sobre todo lo que corresponde, es que el culpable se vaya, no puede estar ahí”.
