Se revelaron documentos donde le inventaron una licencia sin goce de sueldo para poder desalojarla, cuando la funcionaria aún se encontraba en funciones.
La existencia de dos oficios signados por el secretario general del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Sebastián Pérez García, demuestran la forma en que la administración municipal, a cargo de Xavier Nava, operó para la destitución y el desalojo violento de la oficial del Registro Civil, Teresa Carrizales Hernández.
En un primer oficio, con fecha del 1 de julio del 2019, que se dio a conocer por la propia Teresa Carrizales, se da la orden al director de la Policía Municipal, Edgar Jiménez Arcadia, de llevar elementos policiacos para la verificación del retiro de Carrizales de las oficinas de la Oficialía 11 por el concepto de “procedimiento de separación del encargo de confianza”.
Sin embargo, el analista político Oswaldo Ríos, en sus redes sociales dio a conocer otro oficio (también firmado por Sebastián Pérez García) con fecha 28 de junio del 2019, en el que ordena a la licenciada Rocío Romero Artolozaga atender las funciones de la Oficialía número 11, ya que su titular (Teresa Carrizales) se encuentra bajo “licencia sin goce de sueldo”.
Esta situación devela una gran inconsistencia sobre el caso, ya que, en primer lugar, se señala que Carrizales Hernández se encontraba con permiso u o licencia a pesar de que el día del violento desalojo se encontraba en las instalaciones de la Oficialía; además, deja ver como el Ayuntamiento quiso aprovechar la ausencia de la servidora para separarla de su cargo.
Sobre estos documentos y el proceder del Ayuntamiento para la destitución de la funcionaria, el propio secretario general del Ayuntamiento, Sebastián Pérez García, no desvirtuó la autenticidad de los mismos, pero se limitó a señalar que se procedió con apego a derecho.
“Yo no quiero entrar en esas discusiones y en esos temas, lo que yo te puedo confirmar es que se hizo todo conforme a derecho, y que se le informó conforme a derecho y en tiempo del nuevo oficial que tenía que ocupar el cargo, y así fue como nosotros procedimos”.
Sobre la intención y facultad de las autoridades municipales para destituir a un funcionario mientras este cuenta con permiso, licencia o vacaciones, Pérez García dijo desconocer el reglamento y señaló que sería Recursos Humanos quien podría indicar si este tipo de golpes bajos son válidos.
“Desconozco, eso lo tienes que ver con Recursos Humanos, yo lo que le puedo confirmar es que todos nosotros nos conducimos conforme a derecho, perfectamente en el respeto irrestricto de los derechos humanos y en el apego total a la Ley”.
La resolución del violento desalojo en contra de Teresa Carrizales, al parecer apenas da los primeros pasos de un largo camino, ya que el municipio apenas inició con la instalación de una Comisión Especial que coadyuvará con la investigación del caso.
Además, según las palabras del propio secretario general, el Ayuntamiento no descarta la posibilidad de entablar una demanda en contra de Teresa Carrizales, situación que veladamente busca enderezar, aunque sea un poco, la balanza que hoy en día tiene al municipio bajo el señalamiento popular de intolerante, represor y no garante de los derechos humanos.
“Lo estamos valorando, hasta ahorita lo que nosotros queremos hacer es que todo se desahogue, como lo hemos venido diciendo, con transparencia total”.


