El gravamen se aplicó este año a contentillo del Poder Legislativo sin socialización ni diálogo con el sector inmobiliario.
Por: Azdruval Vélez Hernández
El impuesto cedular que grava los ingresos obtenidos por personas físicas a partir de la venta de inmuebles y que en este año fue implementado en San Luis Potosí, generó una afectación directa en la compra – venta de inmuebles al sumarse un costo adicional al elevado valor de la tierra y la vivienda, señaló Olga Espitia Lanuza, presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).
La líder empresarial criticó la forma en que se aprobó este impuesto al señalar que el Congreso local, sin un estudio técnico, sin socialización o consulta con los expertos, decidió imponer este gravamen, “Amanecimos con la noticia de este nuevo cobro, incluso tardamos meses en saber bien de qué se trataba, lo que sí conocimos es que este tipo de impuesto no se cobra en la mayoría de los estados del país y que consiste en un 3% sobre la base gravable”.
Espitia Lanuza señaló que esta disposición se caracterizó por la falta de claridad inicial, lo que provocó que la actividad inmobiliaria se detuviera por dos meses mientras se comprendía el funcionamiento del nuevo cargo, tema que persiste al no encontrarse clarificado o con una reglamentación específica.
“Hay notarías que sí cobran el impuesto a los inmobiliarios al realizar trámites y otras que no lo hacen, además, al pagar el notario solo otorga un recibo simple, no un recibo fiscal y es el notario quien debe enterar el pago cuando le sea requerido fiscalmente” comentó la empresaria.
Agregó la empresaria que San Luis Potosí es una de las entidades con los precios más altos en vivienda y tierra a nivel nacional, y este nuevo cargo vino a elevar aún más los costos. Por ello, calificó como imposible que se considere incrementar este impuesto para el próximo año.
