Entre las sanciones aplicadas destacan, 265 amonestados, 42 suspensiones, 9 destituciones, 122 inhabilitados.
Por Miguel Ángel Lucio
De acuerdo con información de la Contraloría General del Estado, del 2015 a 2018 se han aplicado 654 sanciones a funcionarios estatales por no presentar su declaración patrimonial, fiscal y de interés, de estos destacan 18 casos donde hubo omisión, así lo dio a conocer el titular de esta dependencia Gabriel Rosillo Iglesias.
“El universo de servidores públicos a declarar anualmente oscila en un promedio de 3 mil 300 obligados, y digo oscila porque la nómina de Gobierno del Estado tiene movimiento, hay altas, ha bajas, licencias, suspensión de labores, entonces tenemos esa oscilación”.
Refirió el funcionario que, en 2019 las declaraciones anuales fueron de 3 mil 282 que se suman a 117 declaraciones por conclusión a lo largo de este año y que también se han hecho declaraciones por inicio de responsabilidades durante este año.
“De manera tal que tenemos un nivel de cumplimiento aproximado del 99.45 por ciento”.
Explicó que son el gobernador, secretarios de estado, servidores públicos en general de confianza, niveles 14 a 19, es decir, además de los secretarios, directores generales, directores de área, subdirectores, también la presentaron los jefes de departamento o personal de base nivel 13 y también cualquier persona de base que administre recursos financieros, además de los elementos de Seguridad Pública.
Entre las sanciones aplicadas destacan, 265 amonestados, 42 suspensiones, 9 destituciones, 122 inhabilitados, se aplicaron 133 multas y 83 tuvieron otro tipo de sanción.
Finalmente dijo que, son 72 las dependencias donde sus servidores públicos declaran, 21 a nivel centralizado, como la Fiscalía y 51 unidades descentralizadas y señaló que San Luis Potosí es la única entidad pública del país que para publicitar las declaraciones se utiliza el formato que promovieron las organizaciones y que impulsaron la Ley #3de3.
