Cuatro años después de haber sido detenida y sentenciada por hechos relacionados con su gestión al frente de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, Mónica Liliana Rangel Martínez vuelve al escenario público por un nuevo procedimiento de responsabilidad administrativa.
La exsecretaria de Salud deberá comparecer el próximo 13 de octubre de 2026, luego de que el Órgano Interno de Control de los Servicios de Salud iniciara el expediente CGE/OIC-SSSLP/EPRA/001/2026. La notificación tuvo que realizarse mediante edicto, después de que la autoridad reportara que no fue posible localizarla personalmente en los domicilios registrados.
La detención en 2022
El nombre de Mónica Rangel cobró especial relevancia en abril de 2022, cuando fue detenida en el Estado de México y trasladada a San Luis Potosí, luego de una investigación relacionada con operaciones realizadas durante su gestión en los Servicios de Salud.
El caso estaba relacionado con una operación por más de 22 millones de pesos vinculada con la adquisición de insumos para combatir al mosquito transmisor del dengue en la Huasteca potosina.
Rangel enfrentó un proceso penal y posteriormente optó por un procedimiento abreviado, mediante el cual aceptó responsabilidad por los delitos que le fueron imputados.
Sentencia y reparación del daño
En mayo de 2022, un juez le impuso una pena de cuatro años y 11 meses de prisión.
Como parte de la resolución, Rangel pagó 22 millones 42 mil pesos por concepto de reparación del daño, además de otras cantidades establecidas dentro de la sentencia.
Al tratarse de una pena menor a cinco años y bajo las condiciones establecidas judicialmente, obtuvo la suspensión de la ejecución de la pena y recuperó su libertad en mayo de 2022.
Cuatro años después, un nuevo expediente
Ahora, la exfuncionaria enfrenta un procedimiento distinto: administrativo y no penal.
El Órgano Interno de Control de los Servicios de Salud inició en 2026 un nuevo procedimiento en el que se presume una posible responsabilidad administrativa.
La autoridad ordenó desde el 1 de julio que Rangel fuera notificada y emplazada; sin embargo, al no concretarse la notificación personal en los domicilios que aparecen en el expediente, se recurrió a la publicación de edictos en el Periódico Oficial del Estado durante los días 21, 22 y 23 de septiembre.
¿Cuándo deberá comparecer?
La audiencia inicial está programada para el:
📅 13 de octubre de 2026
⏰ 10:00 horas
Durante esta audiencia, Rangel podrá comparecer personalmente o mediante representación legal, conocer los señalamientos del procedimiento y ofrecer las pruebas que considere pertinentes para su defensa.
El citatorio establece que, si no comparece sin causa justificada, podría perder el derecho a ofrecer pruebas y formular alegatos en esa etapa del procedimiento.
¿Qué se investiga ahora?
Este es uno de los puntos que todavía no está completamente esclarecido públicamente.
El edicto confirma la existencia del procedimiento y la presunta responsabilidad administrativa, pero no detalla en el aviso la conducta concreta que habría originado el expediente.
Por ello, no debe confundirse este procedimiento administrativo con el proceso penal que enfrentó en 2022. Se trata de actuaciones diferentes y, hasta este momento, no existe una resolución que determine responsabilidad administrativa en este nuevo expediente.
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona declaró que conoce las investigaciones relacionadas con la administración anterior de los Servicios de Salud, aunque dijo desconocer si el nuevo procedimiento corresponde a una nueva carpeta o a investigaciones que ya existían.
De la Secretaría de Salud a los tribunales y ahora a la Contraloría
El caso de Mónica Rangel vuelve así a la agenda pública con un nuevo capítulo.
En 2022 enfrentó un proceso penal que terminó con una sentencia y reparación del daño. Ahora, cuatro años después, la Contraloría estatal abrió un procedimiento administrativo cuya primera audiencia está programada para octubre.
Lo que ocurra a partir de esa comparecencia dependerá de las pruebas que presenten las partes y de la resolución que, posteriormente, emita la autoridad competente.
Por ahora, el nuevo expediente se encuentra en etapa de procedimiento y no representa una nueva condena contra la exfuncionaria.
