• Secretaría del Trabajo mantiene las asesorías con los trabajadores para que puedan acceder a este beneficio.
Por: Azdruval Vélez Hernández
La denominada Ley Silla donde se establece que los empleadores deben proporcionar sillas con respaldo a sus trabajadores para que puedan descansar durante la jornada laboral, siempre y cuando sus funciones lo permitan, cuenta con un significativo avance en la entidad potosina a pesar del poco tiempo de vigencia de la misma, aseguró el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Crisógono Sánchez Lara.
El funcionario estatal, quien recordó que a mediados del mes de junio del presente año entró en vigor esta disposición a nivel federal para su implementación progresiva, aseguró que entre el 60 y el 65 por ciento de las empresas y comercios ubicados en San Luis Potosí cumplen ya con la legislación en favor de las y los trabajadores.
“Al momento no tenemos denuncias por este tema, hay que recordar que se tiene hasta el 31 de diciembre para dar cumplimiento con la aplicación total de esta Ley. Además, hay muchas empresas y negocios que, por su naturaleza o por las tareas que desempeñan ciertos empleados, no pueden ofrecer al cien por ciento el tema de la silla, en esos casos especiales se analizan posibilidades” comentó Sánchez Lara.
Agregó el titular de la Secretaría del Trabajo que se mantendrán los acercamientos con las empresas para dar mayor promoción a la aplicación y cumplimiento de la Ley Silla, de igual forma se darán asesorías gratuitas a las y los trabajadores para que tengan el conocimiento de sus derechos y puedan exigir que se obedezcan los lineamientos que tienen como objetivo su bienestar laboral.
Por último, mencionó el servidor público que en el último trimestre del año se dará continuidad e impulso a la realización de las ferias del empleo con el objetivo de cumplir con las metas trazadas desde inicio de año con relación al desarrollo de estos eventos, pero, sobre todo para mantener el desafío de abatir el desempleo o los esquemas de empleo informal que privan a los trabajadores de derechos y prestaciones.
