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Congreso aprueba reforma para garantizar pago de Pensiones

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29/06/2024

Con un respaldo de 25 votos a favor, la reforma establece nuevos procedimientos para enfrentar crisis financieras en los fondos de pensiones.

Por Fernanda Padilla

En su última sesión del periodo ordinario, el Pleno del Congreso del Estado aprobó por mayoría la Reforma al artículo 28 de la Ley de Pensiones y Prestaciones Sociales. Esta reforma tiene como objetivo principal asegurar el pago puntual de las pensiones y resolver el déficit financiero que amenaza a dos fondos pensionarios, debido a requerimientos judiciales derivados de dos juicios de amparo.

Con un respaldo de 25 votos a favor, la reforma establece nuevos procedimientos para enfrentar crisis financieras en los fondos de pensiones. Según lo dispuesto, la Dirección de Pensiones podrá solicitar a la Secretaría de Finanzas (Sefin) la asignación de recursos necesarios para cubrir el déficit y concluir el ejercicio fiscal correspondiente. Esta solicitud deberá presentarse antes de agosto de cada año e incluir el monto necesario para el pago de pensiones.

Además, la reforma establece tres condiciones para que el Poder Ejecutivo intervenga en la gestión de los fondos en déficit: primero, que se realice una auditoría conforme al artículo 17 de la Ley de Pensiones; segundo, que los recursos provengan de ingresos excedentes según lo estipulado en el artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios; y tercero, que la solicitud de rescate del fondo se realice con al menos seis meses de anticipación al agotamiento del mismo.

El artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera especifica que los fondos de pensiones son considerados entre los conceptos que pueden recibir ingresos excedentes de libre disposición de las entidades federativas.

Esta reforma responde a las sentencias emitidas en dos juicios de amparo indirecto, uno en 2019 y otro en 2021, que obligaron al Estado y al Congreso a implementar medidas concretas para asegurar el pago de pensiones a los demandantes.

Con esta acción legislativa, el Poder Ejecutivo y el Legislativo buscan cumplir con las disposiciones judiciales y garantizar la estabilidad financiera de los fondos de pensiones, asegurando así los derechos adquiridos de los trabajadores activos y pensionados del estado.

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