Se deslindaron al señalar que las dependencias responsables son la CEAV y la CEDH
Por Fernanda Padilla
El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), Leopoldo Stevens Amaro, junto con el de Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, Miguel Ángel Carvajal Martínez comparecieron ante el Congreso del Estado tras las omisiones en la recomendación 03/2017 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) sobre el caso de “Marichuy”.
Sin embargo, se justificaron al señalar que la autoridad competente para atender dicho procedimiento es la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, y la autoridad obligada a dar seguimiento hasta su cumplimiento es la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
El titular de la Seduvo argumentó además el jefe directo encargado de reubicar a Marichuy, desde esta dependencia era Rodolfo Rivera, quien se encuentra con permiso sindical.
Reconocieron que el presunto violentador no participó en el curso de capacitación en materia de género, situación que reviró Alejandra Valdés al evidenciar que no tuvo efecto la atención a la recomendación de la CEDH.
Por su parte, el oficial mayor insistió que la dirección a su cargo no tiene ninguna injerencia en el registro estatal de víctimas, ya que es un caso que debe atender la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.
Por su parte, la diputada Marite Hernández Correa, al concluir la comparecencia, consideró necesario que se hagan reformas a la ley para que altos funcionarios que no acaten recomendaciones sean sancionados de forma severa.
“Sí, debería haber sanciones más concretas a los altos funcionarios porque me parece que no están dando un total cumplimiento al derecho de las mujeres para vivir en una vida libre de violencia y en espacios de trabajo donde no esté presente el acoso laboral, diferentes temas donde las mujeres no puedan ejercer o hacer una vida libre laboral sin ningún tipo de acoso”.
