El diputado Edson Quintanar sentenció que la empresa que realizó los trabajos se adelantó ya que no firmaron ningún contrato
Por Fernanda Padilla
El diputado Edson de Jesús Quintanar Sanchéz señaló que la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, Rosa Zuñiga deberá aclarar qué sucedió con los 4.3 millones de pesos que aprobó la Jucopo en el mes de febrero que sería destinado a la Consulta Indígena.
“Nosotros en ese tiempo sí aprobamos el presupuesto pero no lo ejecutamos, nosotros no éramos los encargados de ejecutar este recurso ya que esté presupuesto era específicamente para la consulta indígena, no para la Reforma Electoral; los que estaban encargados de ejecutar este recurso era la presidenta de Asuntos Indígenas y el diputado Martín Juárez, que él también quiso intervenir en la toma de decisiones”.
Además, dijo que el presidente de la Junta de Coordinación Política en ese momento, que era el diputado Rolando Hervert Lara también debió estar atento a los movimientos financieros que se realizaron.
“Solamente lo aprobamos, yo ya no tuve conocimiento cómo se aplicó, ya que cuando ocurrió esta problemática yo ya no estaba en la Jucopo”.
Quintanar Sanchéz puntualizó que estuvo enterado de todas las inquietudes de los trabajadores de la empresa que estaba encargada del censo, pero justificó que él ya estaba fuera cuando se presentaron las inconformidades.
“En la Jucopo jamás firmamos un convenio o contrato, sí tuvimos unas entrevistas, sin embargo, nunca aprobamos ningún contrato o convenio”.
El congresista sentenció que la empresa que realizó los trabajos, se adelantó ya que no firmaron ningún contrato.
“Hubo algunos cuestionamientos de diputados de la Jucopo que no hubo ninguna orden o ningún acta firmada por parte de la Jucopo para que empezaran a trabajar, sino que efectivamente se adelantaron con el trabajo antes de los procedimientos legales que necesitaba el congreso para hacer las contrataciones”.
Cabe destacar que el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí del Poder Judicial de la Federación, bajo el número 326/2020-II, resolvió a favor del Congreso local, para no pagar a los empleados que participaron en los primeros trabajos de la Consulta de Pueblos y Comunidades Indigenas 2020.
Lo anterior, a pesar de que la empresa sigue en deuda con el proveedor por los 2 mil juegos de copias que se repartirían entre las autoridades comunitarias de 200 hojas cada una, cuyo monto de adeudo asciende a los 87 mil pesos.
